Asia & Oriente Medio

Juicio contra una hija del rey saudita acusada de golpear a un obrero: ‘Hay que matar a ese perro, no merece vivir’

El empleado de la princesa Hassa bint Salman contó que mientras lo golpeaban, ella gritó: “Verás cómo se le habla a una princesa”.

S.C.

El juicio de la hermana del príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salmán, acusada de haber ordenado a su guardaespaldas que golpeara a un obrero que realizaba trabajos en su apartamento parisino en 2016, comenzó este martes 9 de julio en París. La princesa Hassa bint Salman, hija del rey saudita Salman, no estuvo presente en el tribunal, al igual que la víctima, aún “muy afectada” por lo sucedido, según indicó su abogado. Sólo asistió al inicio del juicio el guardaespaldas de la princesa, Rani Saïdi.

Hassa, reconocida por la prensa estatal saudita por su trabajo de caridad y por hacer campaña por los derechos de las mujeres, es objeto desde diciembre de 2017 de una orden de arresto y la justicia francesa la acusa de “complicidad” en un acto de “violencia voluntaria”. El 26 de septiembre de 2016, Ashraf Eid, obrero de construcción, estaba en el séptimo piso de una residencia de la familia real saudita en la lujosa avenida Foch, cerca de los Campos Elíseos. Estaba pintando cuando lo llamaron “de urgencia” al quinto piso, para reparar un toilet dañado.

El obrero explicó a los investigadores que tomó fotos del baño con su teléfono. La princesa lo acusó de querer vender las imágenes a los medios y llamó a su guardaespaldas. “Cuando oí a la princesa gritar pidiendo ayuda, fui hacia donde estaban, los vi tomarse de las manos, con el teléfono. Agarré (al obrero), lo controlé, no conocía sus intenciones”, explicó ante el tribunal Rani Saïdi, encargado de la seguridad de la heredera en sus viajes en Europa y Estados Unidos.

“Hay que matar a ese perro, no merece vivir”

El trabajador afirmó en cambio que fue amenazado, golpeado y humillado. Describió a los investigadores 15 minutos de terror, durante los cuales la princesa habría dicho “hay que matar a ese perro, no merece vivir”. De acuerdo con la acusación, publicada por la agencia Reuters, Eid le dijo a la policía que el guardaespaldas le habría ordenado también arrodillarse para besar los pies de la princesa, que le ató las manos y le dio una patada, pudiendo liberarse varias horas después y sin su teléfono.

En agosto de 2018, el juez de instrucción decidió llevar a la princesa ante un tribunal por “complicidad de violencia voluntaria con uso o amenaza de un arma”, “complicidad de secuestro” y “robo” de un teléfono celular, precisó la fuente judicial. Su guardaespaldas, acusado el 1 de octubre de 2016, será juzgado bajo cargos de “robo”, “violencia voluntaria con uso o amenaza de un arma” y “secuestro”.

El abogado de la princesa, Emmanuel Moyne, dijo que la existencia de la orden de arresto internacional contra ella descartó su asistencia a la audiencia. Moyne dijo a Reuters que la investigación se basó en “falsedades” y dijo que nunca había hecho los supuestos comentarios sobre el trabajador. “La princesa es una mujer cariñosa, humilde, accesible y culta”, dijo Moyne. “La ley saudita, que garantiza la seguridad de la princesa, prohíbe tomarle cualquier imagen”.

Hassa es nieta del rey que fundó la monarquía saudita, Abdulaziz bin Saud. Su madre, la jequesa Sultana bint Turki bint Ahmad Al Sudairi, murió en julio de 2011. Su padre, Salman bin Abdulaziz, ascendió al trono saudita en 2015. “Es su única hija y es conocida por ser arrogante, temeraria y corrupta”, contó un activista saudita con contactos en el gobierno de Riad. Su hermano, Mohammed, es considerado el hombre fuerte del reino.

No es la primera vez que la familia real saudita se ve envuelta en problemas con la justicia francesa. En marzo de 2013, se ordenó la confiscación provisional de bienes adquiridos en Francia por Maha al-Sudaïri, la esposa repudiada del ex príncipe heredero Nayef bin Abdulaziz (quien murió en junio de 2012), debido a facturas impagas. La princesa intentó abandonar su suite del lujoso hotel Shangri-La con unas sesenta personas, dejando una factura impaga de casi 6 millones de euros.

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