Crónica

Batalla campal entre el príncipe Laurent y el gobierno de Bélgica

El príncipe Laurent de Bélgica, el hermano menor del rey Felipe, protestó ante el gobierno de su país sobre los planes para multarlo por manejar una agenda diplomática no autorizada. El gobierno quiere recortar su asignación anual de € 308,000 (US$ 370,000) en un 10-15% después de que visitara la embajada de China en julio sin permiso oficial.

Laurent, que en los últimos años dio verdaderos dolores de cabeza a la casa real y al gobierno de Bélgica, se puso el uniforme naval completo para celebrar el 90 aniversario del Ejército del Pueblo Chino en la embajada pese a que reiteradamente había sido advertido sobre sus reuniones con dignatarios extranjeros. Todos los pasos oficiales de los miembros de la casa real deben ser aprobados con anticipación por el gobierno.

En encuentros anteriores, Laurent se reunió con el primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickramasinghe, cuando este último visitó Bruselas en octubre de 2016. Años antes, generó una sonada controversia al visitar, también sin comunicar al gobierno, la República Democrática del Congo en 2011, reuniéndose con el presidente Joseph Kabila. También realizó varias visitas a Libia cuando el difunto Muammar Kaddafi todavía estaba en el poder y establecer relaciones comerciales con los hijos del dictador.

El primer ministro belga, Charles Michel, le advirtió al príncipe acerca de su deber de solicitar el permiso del Ministerio de Asuntos Exteriores antes de realizar cualquier actividad diplomática. A pesar de las advertencias, Laurent aceptó la invitación a la embajada china y twitteó una foto de sí mismo en la celebración (cuenta de Twitter que fue cerrada más tarde). La agencia estatal china de noticias Xinhua también publicó fotos en la red social.

En una carta de siete páginas Charles Michel, citada por el sitio de noticias de “La Libre”, el abogado del príncipe, Laurent Arnauts, argumentó que su visita a la embajada no causó “ningún daño diplomático de ningún tipo”. El abogado dice que el príncipe, de 54 años, no tiene acceso a la seguridad social ni a una pensión, ni tiene el derecho de realizar ningún trabajo remunerado.

En palabras del letrado, el recorte de su presupuesto estatal es una situación que va “en contra de los derechos humanos más fundamentales en una sociedad desarrollada”. En la carta, el abogado del príncipe argumenta que las restricciones que impiden los encuentros de Laurent con representantes de estados extranjeros lo condenan al “aislamiento social” y violan el artículo 8 de la convención europea sobre derechos humanos.

La carta también incluye una vieja acusación del príncipe contra su familia. En el pasado, Laurent dijo que su familia se puso en su camino camino cada vez que él intentó conseguir trabajo. En 2016, Laurent fue obligado a devolver al Estado belga 16.000 euros que habría gastado en cuentas de supermercado, el pago de la educación de sus hijos y sus vacaciones.

Además de perder su licencia de conducción por exceder el límite de velocidad en Bruselas, el príncipe avergonzó a la familia real en otras ocasiones y se dice que ya no mantiene relaciones ni con sus padres, los exreyes Alberto II y Paola, ni con su hermano Felipe, entronizado rey en 2013.

Según su abogado, el gobierno, al cuestionar la cantidad de dinero que se destina a los gastos de Laurent, provocó una “gran incertidumbre para el príncipe y su familia, contraria a sus derechos fundamentales” y que, como reparación, el estado debería ofrecer “seguridad social y derechos pensionales” para el príncipe.

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